JUICIO AUDIENCIA NACIONAL

Abril 1, 2009

VALORACION DEL JUICIO CELEBRADO EL DIA 31/03/2009 EN LA AUDIENCIA NACIONAL  EN MADRID.

Ayer día 31 de Marzo de 2009 se celebro en Madrid el juicio en la Audiencia Nacional en relación a la demanda presentada por las Asociaciones Empresariales pretendiendo anular el anterior convenio y dejarlo sin efecto.

El resultado de dicho juicio fue el de : ARCHIVO TEMPORAL , esto significa un duro varapalo para las asaciones empresariales que pretendían alargar todo el proceso judicial un mínimo de dos años más ,la Audiencia Nacional en este caso y para que no ocurra lo mismo que con la demanda de las horas extras , ha decidido esperar a la sentencia firme del TRIBUNAL SUPREMO ; pero de todos modos ya comunico a las partes que Muerto el perro se acabo la rabia¨ mediante esta frase dejo bien claro que la audiencia nacional desestimaría la petición empresarial ,amparándose a que el convenio anterior ya ha expirado y por lo tanto al no existir no se puede juzgar.

Además y esperamos que sirva de precedente la actitud del fiscal fue fantástica, recriminando constantemente a los letrados de la parte empresarial y calificando su intento de anulación del anterior convenio como una medida de coacción hacia los trabajadores del sector y en numerosas ocasiones se encaro con el juez principal de la Audiencia Nacional, por su desacuerdo de cómo se estaba realizando el proceso.

Bueno en definitiva a las Asociaciones Empresariales les salio el tiro por la culata.

Con posterioridad La Plataforma De Sindicatos Independientes del Sector  y algunas asociaciones nos reunimos en Madrid y se redacto el siguiente escrito.

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Manifestación 24/02/2009 Barcelona

Aquí os dejo unas imágenes de la mani en Barcelona….

Trabajadores de las oficinas de empleo asturianas reclaman más seguridad ante el aumento de agresiones

Trabajadores de las oficinas de empleo asturianas reclaman más seguridad ante el aumento de agresiones
03.01.09 –
R. MUÑIZ| OVIEDO

La que demostraban ayer los usuarios de una oficina del Servicio Público de Empleo de La Felguera. / JUAN CARLOS ROMÁN
«Con la crisis llega más gente a la cola, se pierden los nervios y acaban a bofetones»
Reclaman un vigilante en cada oficina «antes de que ocurra una desgracia»
A finales de octubre un mierense fue detenido cuando se dirigía al Inem con un hacha «a matar funcionarios», según admitió ante la Policía. El suceso no sorprendió del todo a quienes se emplean procurando empleo a los demás porque «con la crisis cada vez estamos recibiendo más gente, hay más colas, con la presión se pierden los nervios y empiezan las bofetadas». Así lo explicaba ayer el delegado del CSI-CSIF Juan Gavira, con un documento que lo evidencia: de los 350 trabajadores de los servicios públicos de empleo, 200 han firmado una súplica para tener un vigilante de seguridad en la oficina.
«Es verdad que nunca tuvimos vigilantes de seguridad, pero tampoco asistimos a esta conflictividad, y encima los políticos dicen que la situación irá a peor en este año», defiende Gavira. Los funcionarios no culpan a los agresores porque entre ellos «hay quien llega a las siete de la mañana, se pone a hacer cola, y a veces les tienes que decir que no puedes atenderles: es normal que se vuelvan violentos», concede desde el mismo sindicato Ricardo Aguirre.
La destrucción de empleo ha empujado a más de 10.000 asturianos a las listas del paro en los últimos cinco meses. Todos tienen derecho a pasar por alguna de las 25 oficinas con las que cuentan el Servicio Público de Empleo del Principado y el Inem estatal, organismos que en los últimos meses se han visto obligados a apuntalar sus plantillas con 35 nuevos refuerzos.
Un rigor que desespera
En las oficinas se concede el subsidio por desempleo y se buscan nuevos contratos. El problema es que para ello hay que sortear las aglomeraciones que sufren estas oficinas y una normativa «muy rigurosa: si te retrasas un día en sellar el paro, te quedas ese mes sin recibirlo; y si vuelves a tropezar en ese problema, te quedas sin prestación», relata Juan Gavira.
Para los representantes laborales para atajar el problema basta con que la Administración «sea más lógica: no puede gastarse dinero en publicidades que le dicen al empresario que ‘lo natural es prevenir’ y luego a nosotros nos dejarnos así, a la espera de alguna desgracia».
«No queremos que por saturación nos empiecen a pasar los problemas del centro Materno-Infantil», augura Gavira. La referencia señala al centro de acogida de menores inmigrantes, dependencia del Principado donde la sobreocupación ha ido ligada a las agresiones a las cuidadoras.
Comunidades como Madrid o Canarias ya cuentan con vigilantes de seguridad en sus oficinas, una prevención que «aquí sí tienen el presidente del Principado y todos los políticos, cuando la indignación la gente la paga con el funcionario que tienen al otro lado del mostrador», indica Ricardo Aguirre.

CCOO insta a la Delegación a reincorporar al vigilante del CETI tras el archivo del caso

Escrito por Juanjo Oliva
martes, 06 de enero de 2009
ImageCCOO ha presentado ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, UMAC, de la Delegación del Gobierno una demanda en la que exige la reincorporación de D.R., vigilante de seguridad en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI, que fue retirado de su puesto de trabajo cautelarmente al ser acusado de la presunta agresión sexual a una residente argelina cuya denuncia, como adelantó ‘El Faro’, ha sido archivada y sobreseída de forma provisional. El sindicato insta a “modificar la condición de trabajo de D.R. al tener asignado un puesto en el CETI y haberlo cambiado debido a la denuncia interpuesta por una inmigrante y de la cual ha sido absuelto”, en palabras del gabinete jurídico.
A pesar de que los comisionistas entienden que, cautelarmente, se trasladara a D.R. a otro servicio de la ciudad, consideran que una vez “absuelto debe volver al lugar que su empresa le asignó”, es decir, al centro del Jaral.
El vigilante de seguridad de la empresa Serramar aseguró ayer que, conocido el archivo del caso, presentará una denuncia por daños morales ya que “entre los vigilantes todos sabemos quiénes somos y hay personas que me han nombrado por la calle por un delito que no cometí”, además de por el perjuicio económico ocasionado, “me retiraron por prevención y ahora sólo tengo servicio tres días a la semana”, en sus palabras. “Junto a mi abogado, estamos elaborando la batería de argumentos para mi denuncia ante los juzgados”, indicó.
El empleado de Serramar insistió en que lamenta que la Dirección del CETI notificara su negativa a la reincorporación de forma verbal y no oficialmente, es decir, mediante un documento que certificara esta decisión, la cual considera “injusta”, ya que la argelina, que responde a las iniciales L.L., abandonó en noviembre la ciudad.
D.R. explicó, en declaraciones a ‘El Faro’,  que la denuncia formulada por la argelina L.L. el pasado mes de julio tuvo por objetivo “lograr la residencia”. El trabajador de la empresa de seguridad y vigilancia Serramar aseguró que este presunto fin “ya lo ha conseguido”, al encontrarse en la actualidad en la península.
El juez titular del juzgado de instrucción número 6, encargado del caso,  determinó que la manifestación de la inmigrante argelina que denunció los hechos, que aseguró que ocurrieron en las instalaciones del centro del Jaral, no sostiene la acusación contra el vigilante de seguridad.
Los hechos relatados por la inmigrante fueron denunciados ante la Jefatura Superior de Policía Nacional y comunicados por la Delegación del Gobierno. Desde el momento en el que se conoció la denuncia, D.R. ha defendido su inocencia hasta que el magistrado del juzgado número 6 ha considerado que no existían fundamentos para la acusación.

Agricultores y ganaderos piden que se recupere la figura del guarda de montes

Agricultores y ganaderos piden que se recupere la figura del guarda de montesABC La «policía de montes» respondería a las nuevas necesidades en seguridad de la zonas rurales
Viernes, 02-01-09
YOLANDA AZNAR
ZARAGOZA. Ante el aumento de la delincuencia en el mundo rural y la desaparición de los cuarteles de la Guardia Civil en los pequeños municipios, los sindicatos agrarios han propuesto la creación de la «policía de montes». Se trata, en parte, de recuperar una figura que existió tiempo atrás, pero que ahora reaparecería de una forma actualizada, respondiendo a las nuevas necesidades en materia de seguridad que presentan las áreas rurales.
Según han explicado a ABC desde este sindicato agrario, su propuesta va dirigida a crear una nueva figura de guardia de seguridad que se encargue, por ejemplo, de vigilar las cosechas, fincas y maquinaria agrícola. Consideran que sería un paso fundamental para evitar -o cuando menos reducir significativamente- los constantes robos que están sufriendo los agricultores aragoneses.
«No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo nos roban nuestras cosechas, o los animales de nuestras granjas», explica a ABC el presidente del sindicato agrario Asaja-Aragón, Francisco Fernando Luna. La propuesta la van a plantear en firme a las autoridades. Hace unas semanas solicitaron una entrevista con el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, para explicarle personalmente sus inquietudes al respecto y pedirles que se implique directamente: «queremos proponerle la creación un guardia de montes que se encargue de la seguridad de lo que es nuestro», indicó Luna.
Robos y hurtos
En el último semestre del año, en las zonas rurales de las provincias aragonesas los robos y hurtos en fincas y granjas «ha aumentado de forma considerable». Según este responsable de Asaja, el número de incidentes de este tipo ha conducido en algunas comarcas a «una situación insostenible».
A pesar de que no hay datos oficiales de cuántos robos se han cometido en este período de tiempo en el ámbito rural, el presidente de Asaja-Aragón subraya que «son muchísimos, ya que día sí y día también nos llaman al sindicato para alertarnos de robos, tanto en la provincia de Zaragoza como en Huesca y en Teruel».
Ante esta situación, Luna explicó que van a pedir que el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón sea el encargado de hacer realidad la figura del guardia de montes. Que fuera o no armado sería algo que deberían determinar las autoridades e introducirlo en el reglamento de este nuevo cuerpo de vigilancia. De momento, desde Asaja-Aragón consideran que no es la parte más importante. En principio, creen que no sería imprescindible que fuera armado, ya que lo decisivo sería que desempeñara la función de vigilancia y en el caso de que viera una situación anómala sería el encargado de avisar a las fuerzas de seguridad competentes.
Los robos en el campo aragonés son cada vez más habituales y se producen prácticamente a diario en algún punto de la geografía aragonesa.
«Antes eran personas del mismo pueblo las que cogían una caja de melocotones o alguna sandía en el verano», hechos menores que no pasaban de lo anecdótico, explica este representante de Asaja. Pero la situación ha cambiado y lo ha hecho a peor: «ahora son bandas organizadas las que nos roban. Y ya no se llevan únicamente algo de cosecha, sino maquinaria, gasoil o cabezas de ganado, en algunos casos bastantes cabezas de ganado».
«Situación insostenible»
Francisco Fernando Luna insiste en que «la situación se está volviendo insostenible, por eso pedimos soluciones urgentes que puedan poner fin a esta situación en el menor tiempo posible».
Los tiempos han cambiado. Lo ha hecho la configuración demográfica del medio rural, la cobertura de las fuerzas de seguridad del Estado y también la propia tipología de la delincuencia.
La red de cuarteles y puestos de la Guardia Civil ha ido en retroceso conforme los pueblos han ido perdiendo población. Muchos de los puestos y cuarteles que hubo hace décadas han desaparecido. Otros permanecen, pero en no pocos casos funcionan a tiempo parcial, durante ciertas horas al día y el resto los avisos han de hacerse a otro cuartel o puesto encargado de una zona más amplia.
La Guardia Civil estudia aplicar un modelo reorganizado con el que obtener más rendimiento a sus limitadas plantillas en el medio rural. Un sistema de coordinación en el que se está pensando desde hace algún tiempo desde la jefatura aragonesa de la Guardia Civil.
Pero los agricultores y ganaderos afirman que, en cualquier caso, se tiene que ir más allá y defienden recuperar la figura del guarda de montes.

La furgoneta bomba de ETA estuvo dos horas mal aparcada en la acera

El explosivo estaba compuesto por cien kilos de amonitol

eitbRepulsa. Representantes de las instituciones, partidos políticos y sindicatos durante la concentración.
reuters/ vincent west

OTR Press, Bilbao/ Madrid
Trabajadores, responsables de los medios informativos vascos, dirigentes institucionales, políticos y ciudadanos se concentraron ayer frente al edificio Bami de Bilbao, donde el pasado miércoles estalló una furgoneta-bomba de ETA, para mostrar su repulsa hacia la última acción de la banda terrorista y reafirmar su compromiso informativo. El Gobierno vasco, por su parte, se dirigió a la izquierda abertzale, que no ha condenado el atentado, y le recordó que cualquier solución democrática pasa por el respeto a los Derechos Humanos.
El Ayuntamiento de Bilbao ya ha retirado 27 toneladas de escombros del entorno del edificio Bami, afectado por la explosión de la furgoneta-bomba de ETA. El artefacto explosivo, según confirmó la Ertzaintza, estaba compuesto por 100 kilos de amonitol, y provocó desperfectos cuantiosos en las instalaciones, donde se encuentran, además de la sede de la EiTB, la de otros medios de comunicación. La previsión del consistorio es que la situación en los alrededores del edificio vuelva a la normalidad en 4 o 5 días.
Los terroristas no aparcaron la furgoneta-bomba en ningún lugar específico destinado al estacionamiento, sino que lo hicieron sobre la propia acera contigua al edificio Bami, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de EiTB. El vehículo estuvo aparcado sobre el pavimento desde al menos dos horas antes de hiciera explosión y una desde que los etarras alertaran de su colocación. A pesar de que las instalaciones cuentan con un servicio de seguridad privada, la furgoneta no levantó las sospechas de los vigilantes debido a que habitualmente el tráfico de vehículos alrededor del edificio suele ser intenso y resulta frecuente que, ante la saturación de las plazas de aparcamiento exteriores, muchos coches utilicen la acera para estacionar de forma temporal.

El sector de la seguridad privada ha crecido en la región un 6% en un año

1.000 empleados en la región

En Extremadura hay 21 empresas que emplean a más de mil personas. La administración pública es el principal cliente
El sector de la seguridad privada ha crecido en la región un 6% en un año

Un vigilante de seguridad privada trabajando en un centro comercial.|HOY
Su función principal es vigilar y prevenir la actividad delictiva. Quizá por eso durante 2007 el sector de la seguridad privada creció en Extremadura aproximadamente un 6% con respecto al año anterior. Así lo recoge un estudio realizado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que refleja además que esta actividad facturó en la región 37 millones de euros. Sin embargo, este crecimiento se sitúa por debajo del incremento registrado a nivel nacional, que se sitúa en un 6,9%.

La evolución de este sector se mantiene en la línea de los datos registrados los últimos años. Las previsiones para el 2008 es que se sigan manteniendo los niveles de crecimiento pero de una manera más moderada. «El sector se ha desarrollado de una forma muy constante en los últimos años. Desde el año 1994 hay una tendencia de una media anual de crecimiento del 8%. Este sector que ha tenido una expansión muy sostenida durante todo este tiempo, ha estado muy ligado al incremento del bienestar económico del país», explica Eduardo Cobas Urcelay, secretario general de Aproser.

En Extremadura hay un total de 21 empresas registradas que emplean a un total de 1.123 vigilantes, de los que el 98% son hombres frente al 11% de mujeres. «Probablemente somos uno de los grandes empleadores de la región como sector. Hay más de 1.000 personas trabajando en esta actividad», indica Manuel Domínguez Ceballos, gerente de Securitas.

Otro dato destacado es que mientra que a nivel nacional hay una gran falta de personal de vigilantes de seguridad privada, en Extremadura no hay ese problema. «Hay una diferenciación clara. El sector necesita en España aproximadamente unos 20.000 vigilantes», afirma Eduardo Cobas.

Segmentos

El segmento que más demanda seguridad privada en la región son las administraciones públicas, tanto estatales, autonómicas y locales. «Nuestro principal cliente es la Junta de Extremadura. También es importante observar cómo en los últimos años se ha incrementado considerablemente la demanda de seguridad privada por la construcción de instalaciones de energías renovables», dice el gerente de Securitas.

En cuanto a las áreas laborales, la vigilancia es la más importante, ya que representa en torno al 65% de la facturación total. Le sigue el sector dedicado a la instalación de sistemas de alarmas, que representa el 28%, y en último lugar se encuentra la actividad que se ocupa del transporte de fondos y manipulación de efectivos.